La Plataforma Salvemos el Río Manzanares denuncia que los 9 km de recorrido del río a su paso por Getafe sufren un total abandono y urge una actuación integral sobre el mismo.
Por ello, pide que el río Manzanares, a su paso por el término Municipal de Getafe, se regenere y se ponga a disposición de la ciudadanía, para su uso y disfrute. Y así se lo ha trasladado a la Confederación Hidrográfica del Tajo y a la a la Comunidad de Madrid. También al Ayuntamiento de Getafe y a la Agencia de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid.
Esta plataforma, de la que Más Madrid Compromiso con Getafe forma parte, se constituyó el 28 de octubre de 2019. Y está compuesta por más de veinte entidades, colectivos, asociaciones, partidos políticos, ecologistas, particulares.
Una actuación integral sobre el río
La Plataforma Salvemos el Río Manzanares, en este año de vida, ha presentado sus objetivos y planteamientos para trabajar de manera conjunta el proyecto a realizar, de forma que las actuaciones no se decidan desde los despachos sino que se diseñen en colaboración con las organizaciones y ciudadanía.
Por su envergadura este proyecto debe ser abordado de manera transversal, conjuntamente las Administraciones competentes y la ciudadanía. Por ello, la plataforma ha pedido una reunión con el Gobierno Municipal de Getafe. Después de unos meses de espera, por fin, se sabe que el encuentro se celebrará en los próximos días. Así, la Plataforma podrá presentar su proyecto para el río, sus propuestas y planteamientos.
Alegaciones al proyecto de depuradoras
Los últimos trabajos realizados por la Plataforma Salvemos el Río Manzanares han sido la elaboración de alegaciones a la remodelación de las Depuradoras La China, Butarque y Sur. Este Proyecto de Convenio entre el Ministerio de Transición Ecológica y el Ayuntamiento de Madrid está dotado de 850.000.000€ y redundará en la mejora del río Manzanares.
Dichas alegaciones son:
Cubrir en su totalidad la EDAR Sur, al igual que La China y Butaque.
Realizar una exhaustiva gestión de lodos para evitar olores y combustiones espontáneas. También de la calidad del agua y del caudal del río, estableciendo controles periódicos.
Vigilancia y control de la gestión que garantice el uso total y adecuado de los medios técnicos de los que se dotará a las tres depuradoras.
Medidas compensatorias, consistentes en la expropiación de terrenos en la vega del río Manzanares. 2 km aguas arriba y 3’5 km aguas abajo, en una franja de 600 m de ancho. Recuperación del bosque de ribera originario donde se ubica la Depuradora Sur. Recuperación del arroyo de la Abulera.
El pasado 19 de octubre de 2019, a propuesta de Más Madrid Compromiso con Getafe, el Pleno del Ayuntamiento de Getafe aprobó el desarrollo de un Plan de Memoria Democrática para Getafe y la creación de una comisión técnica o grupo de trabajo. Esta propuesta contó con los votos a favor de PSOE y Podemos.
Este grupo de trabajo, en la actualidad, está compuesto por representantes de los partidos que apoyamos la propuesta, además de la Asociación de Memoria Histórica de Getafe, la Asociación de Amigos del Museo de Getafe y el Club de Amigos de la Unesco de Getafe. También se mantiene contacto y participan varios profesores de la Universidad Carlos III.
La pandemia ha retrasado la presentación de la Mesa de Memoria Democrática de Getafe, que es el nombre que finalmente ha tomado el grupo de trabajo.
Aún así, tenemos previstas varias actividades para los próximos días, y a las que os invitamos a participar.
Jornadas sobre Memoria Democrática
Las jornadas «La Memoria Democrática desde el ámbito local. Metodología y propuestas» serán los próximos días 1 y 2 de diciembre, en ellas participan varios catedráticos de la Universidad Carlos III y nuestro compañero José Luis Sánchez del Pozo, que también es presidente de la Asociación de Memoria Histórica de Getafe e impulsor decidido de esta línea de trabajo en nuestra organización.
Estas jornadas están abiertas al público de forma reducida en el Espacio Mercado y se pueden seguir online en los siguientes enlaces:
Martes, 1 de diciembre (de 16 a 19h): https://youtu.be/xtqBW6lxazM
Miércoles, 2 de diciembre (de 16 a 19h): https://youtu.be/7_LvqFuu1bk
Difusión de un díptico
En el díptico aparece el mail y el teléfono de la Mesa de Memoria Democrática de Getafe para que los vecinos/as se puedan dirigir a ella: ✉️ memoria.democratica@ayto-getafe.org 📞 91 208 04 61
Otra actividad de la que aún no tenemos fecha, pero que está muy avanzada (podría ser la presentación incluso el mismo día 1 de diciembre), es una exposición compuesta por 14 Roll-Ups desplegables y un Power Point de 54 diapositivas sobre la Memoria Democrática en Getafe, Guerra Civil y primeros años de la posguerra.
Esta exposición ha sido concebida para su préstamo a las entidades que lo soliciten. También se está trabajando en una unidad didáctica concebida para su realización en una visita a la exposición.
Ruta de la Memoria
También se está trabajando en una ruta de la Memoria donde en diferentes lugares significativos de Getafe se instalarán placas, recordando lo que ocurrió en ellos durante aquellos años.
Los textos sobre lo que aparecerá en cada placa ya han sido entregados y la realización de las placas ya está presupuestada por alguna empresa.
Creemos que a corto plazo iremos inaugurando las placas en la calle y, por lo tanto, la ruta pero aún no tenemos fechas
Grupo de Memoria Histórica
Por último, queremos animaros a participar en el grupo específico de Memoria Histórica que queremos impulsar dentro de Más Madrid Compromiso con Getafe.
Para ello, os pedimos a todas las personas que estéis interesadas que nos escribáis a info@compromisocongetafe.com y organizaremos una reunión telemática.
Llevamos la propuesta de auditoría de la Seguridad Social para que el Estado salde las deudas que tiene con la «hucha de las pensiones».
Llevamos al Pleno del Ayuntamiento de Getafe la iniciativa de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones (COESPE). Para que se realice una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social que aclare la situación financiera de las cuentas de la Seguridad Social.
El dinero que pertenecía a la hucha de las pensiones fue destinado a cuestiones distintas a las que debería. Esta es una práctica aparentemente legal pero incorrecta. Ya que hace desaparecer los excedentes de cotizaciones. Es necesaria una auditoria oficial que determine el importe de esos saqueos y sean repuestos.
Esta práctica ha servido para desacreditar el sistema solidario de reparto de las prestaciones. Gracias al cual, con la parte del salario de los trabajadores y trabajadoras aportan a la Seguridad Social, se abonan las pensiones de los que ya están jubilados/as y generan su propio derecho a la prestación en el futuro. Un sistema que es completamente sostenible y eficaz sino fuera por el saqueo constante del Estado a la caja de la Seguridad Social para fines ajenos a la misma.
Por ello, piden una auditoría pública de las cuentas para que se aclaren los que consideran «falsos déficits, deudas y préstamos» y el Estado salde su deuda con la Seguridad Social.
Del mismo modo, una vez aclarada la situación económica, exigen que se deroguen tanto las reformas de las pensiones que han sido justificadas en base a datos contables falsos, como las reformas laborales que no garantizan salarios dignos que posibiliten unas pensiones igualmente dignas en el futuro.
Hemos presentado para su debate y aprobación plenaria la reanudación del proceso de autodeterminación del Sáhara occidental. Dado el ataque del ejército marroquí a la brecha de El Guerguerat.
El pasado 13 de noviembre, las fuerzas de ocupación marroquíes volvieron a atacar a los ciudadanos saharauis que habían levantado un campamento de protesta pacífica frente a la brecha ilegal en El Guerguerat, al sur del Sáhara Occidental. Para denunciar el estancamiento actual del Proceso de Paz, el saqueo de los recursos naturales del Sáhara y la inacción de Naciones Unidas.
Proponemos al Pleno de Getafe que muestre su apoyo al pueblo saharaui tras la última incursión militar de Marruecos en su territorio. Recordamos que nuestra la ciudad está hermanada con dicho pueblo y con quien mantiene diversos programas de ayuda.
Exigimos al Gobierno de España que cumpla con sus compromisos como potencia administradora, como indican las más de 50 resoluciones de Naciones Unidas al respecto. Y que adopte inmediatamente todas las medidas necesarias para la celebración del referéndum de autodeterminación y la liberación de los territorios del Sáhara occidental.
«Esta irresponsable dejación de funciones del gobierno español está teniendo terribles consecuencias para los hombre, mujeres, ancianos, niñas y niños que subsisten en los campamentos de refugiados. Refugiados y refugiadas que, tras 45 años de conflicto, no conocen otra realidad que no sea la vida en los campamentos. En muchos casos, han nacido y crecido esperando una solución para volver a su tierra que, de momento, no llega», apunta Jesús Pérez.
Pedimos al Pleno de la ciudad que muestre el rechazo institucional a la última agresión del ejército marroquí. Y que exija al Gobierno de Marruecos la retirada inmediata de las tropas de ocupación en la franja de El Guerguerat, así como la restauración de los acuerdos de paz firmados en 1991.
Con las primeras restricciones derivadas del control de los contagios se cerraron muchos servicios públicos que paulatinamente se han ido recuperando para poder atender a la población. En el caso de las Bibliotecas Municipales reabrieron, pero solo para préstamo y devolución de libros.
De esta manera, las salas de estudio y consulta de las Bibliotecas de Getafe continúan cerradas. Privando a la ciudadanía de la posibilidad de consultar las obras que están excluidas del préstamo, disponer de un espacio público con las condiciones oportunas para la lectura o acceder a una conexión a internet de forma gratuita.
Este último punto es de especial trascendencia. Muchas de las medidas de control del virus en las administraciones públicas pasan por cerrar la atención al público. Multiplicando así los trámites de gestión electrónica, haciendo más necesario que nunca un acceso wifi público y gratuito.
El cierre de los servicios públicos afecta de manera más profunda a los vecinos y vecinas de Getafe que menos recursos tienen.
Es un problema de mucha importancia para la gente que reside en viviendas pequeñas, en casas e incluso en habitaciones compartidas y que muchas veces no cuentan con ningún espacio adecuado para el estudio.
«Cuando pensamos en salas de estudio, nos imaginamos a estudiantes de la Universidad o de Bachillerato, pero también son usuarios los desempleados y desempleadas que están preparando unas oposiciones para salir de esa situación, niños y niñas acompañados que encuentran un lugar donde poder hacer los deberes, adultos y adultas que se permiten unas horas a las semanas para leer… Una variedad de situaciones y un denominador común, es un servicio público necesario que se podría reanudar con condiciones de seguridad», apunta Jesús Pérez, portavoz de nuestro Grupo Municipal.
Además, de la reanudación del servicio, pedimos que se amplíe el horario de apertura de las salas. Que, al menos, una biblioteca esté abierta las tardes del sábado y los domingos y festivos, como ocurre en otros municipios vecinos como Madrid o Leganés.
También, solicitamos al gobierno municipal que retome las relaciones con la Universidad Carlos III. Para que esta acoja en sus instalaciones a los estudiantes de Getafe que no forman parte de sus facultades. Y que desaparezcan los carteles que en estos momentos indican que las salas de estudio son de uso exclusivo para su comunidad universitaria.
Proponemos al Pleno del Ayuntamiento de Getafe que se pronuncie contra la instalación de una gasolinera en el núcleo urbano del barrio getafense de Perales del Río.
Desde hace años, existe una oposición vecinal generalizada a la instalación de gasolineras en entornos urbanos. Por los riesgos para la salud y el medioambiente que conlleva.
Pero, de nuevo, un establecimiento comercial ha solicitado al Ayuntamiento una licencia para la instalación de una estación de servicio de repostaje de combustible. En esta ocasión, con ubicación en Perales de Río, en un espacio muy cercano a viviendas y a zonas de uso comunitario como el Centro Cívico del barrio.
«Hace años, cuando trataban de instalar una gasolinera en Buenavista, el movimiento vecinal fue tan tajante en su protesta que derivó en la modificación del Plan General de Ordenación Urbana para alejar este tipo de instalaciones de sus viviendas y zonas de mucho tránsito. Sin embargo, la burocracia descontrolada de las administraciones ha superado todos los plazos para su que la modificación fuera efectiva. Y hoy, aun habiendo acuerdo al respecto, ese trámite no ha terminado y nos encontramos sin normativa para impedir su instalación. Por eso pedimos que se agilicen los trámites y se busquen soluciones para que la voluntad del Pleno y de los vecinos y vecinas se pueda cumplir», aporta Jesús Pérez, portavoz de Más Madrid Compromiso con Getafe en el Ayuntamiento.
En la proposición, el bloque de izquierdas del Pleno hace un recorrido por los riesgos a los que se enfrenta la población si llegara a instalarse la gasolinera. Principalmente, problemas de salud derivados de la inhalación de los gases que emiten los combustibles. Pero, también, exposición ante el riesgo de inflamación o explosión del carburante. Estos pueden ocasionar daños incalculables de ocurrir en zonas muy concurridas como centros comerciales o viviendas.
Hace pocos días recordábamos que hace diez años, un mes de noviembre, las fuerzas de ocupación marroquíes desmantelaban brutalmente el campamento Gdeim Izik, conocido también como campamento de la Dignidad.
Este mes de noviembre, las fuerzas de ocupación marroquíes vuelven a atacar a ciudadanos saharauis que habían levantado un campamento de protesta pacífica frente a la brecha ilegal en El Guerguerat, al sur del Sáhara Occidental.
Los organizadores de las protestas en El Guerguerat buscaban con esta iniciativa denunciar el estancamiento actual en el Proceso de Paz, el saqueo de los recursos naturales del Sáhara Occidental y la inacción de la ONU en el territorio.
La brecha ilegal más transitada del mundo ha permanecido cerrada, por cuarto día consecutivo, por los manifestantes saharauis. Las decenas de activistas saharauis se resistían en la zona y no pensaban retirarse hasta lograr sus reclamaciones que son, entre otras cosas, organizar aquel referéndum prometido en 1991.
Para poder entender este conflicto, que lleva en espera de resolución más de 45 años, sería bueno conocer la historia del Pueblo saharaui y aclarar algunos datos de las más de 50 resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidad sobre el Sáhara Occidental.
Un poco de historia
El Sáhara Español, un protectorado español desde 1884, se incluyó en 1963 en la lista de Territorios no autónomos con arreglo al Capítulo XI de la Carta de Naciones Unidas con respecto a la Aplicación de la Declaración sobre la Concesión de la Independencia a los Países y Pueblos Coloniales.
A partir de esa fecha, España, en su calidad de Potencia administradora, transmitió información técnica y estadística sobre el Territorio, en virtud de lo dispuesto en el apartado e) del Artículo 73 de la Carta de las Naciones Unidas para la aplicación de dicha Declaración.
Pasaba el tiempo sin terminar de concretarse el proceso y, el 14 de noviembre de 1975, aprovechando la enfermedad y agonía del dictador, se firmaron en el Palacio de la Zarzuela los llamados Acuerdos Tripartitos de Madrid, una declaración de principios en la que se incluye la retirada española del territorio del Sáhara Occidental en menos de un año y la puesta en marcha de una administración temporal llevada a cabo por Marruecos y Mauritania. Unos acuerdos que, como explicaremos más adelante, son ilegales desde el punto de vista del Derecho Internacional.
Juan Carlos de Borbón pactó con Hassan II, en vísperas de la muerte de Franco, la entrega del Sáhara, entonces bajo soberanía española, a Marruecos, según un informe de la CIA fechado el 6 de noviembre de 1975 (el día del comienzo de la Marcha Verde, dos semanas antes de la muerte de Franco) y desclasificado hace unos años por el servicio de inteligencia de Estados Unidos.
El desgarrador final de la presencia española en el Sáhara Occidental comenzó a escenificarse el 6 de noviembre de 1975, hace 45 años. Fue el día en que 350.000 civiles enarbolando banderas marroquíes, acarreando retratos de su rey Hasan II, cruzaron envalentonados la última frontera de la España colonial en la llamada Marcha Verde.
Desde entonces, el pueblo saharaui vive dividido entre los territorios del Sáhara Occidental, ocupados por Marruecos, y los campamentos de refugiados en Argelia.
La vida en los campamentos de refugiados
Los campamentos de Tinduf se encuentran en plena hamada argelina, en mitad del desierto de piedra. Las difíciles condiciones climáticas de la zona, con temperaturas extremas, lluvias torrenciales ocasionales y fuertes vientos, dificultan mucho la práctica de la agricultura y limitan las posibilidades de autonomía productiva. Como consecuencia, existe una gran dependencia de la ayuda humanitaria.
Tinduf se compone de cinco campamentos que llevan el nombre de ciudades del Sahara Occidental ocupado: Bojador, Dajla, El Aaiún, Auserd y Smara.
Los refugiados saharauis llevan 45 años en situación de desplazamiento. La mayoría de los 173.600 refugiados que viven en los campamentos argelinos de Tinduf no han conocido otra vida. Llevan años esperando una solución para volver a su tierra que, de momento, no llega.
Las Resoluciones de Naciones Unidas
Desde entonces, distintas resoluciones de naciones Unidas confirman el derecho del Pueblo Saharaui a terminar su proceso de descolonización e independencia, confirman al Estado Español como potencia administradora y niegan a Marruecos cualquier poder sobre dichos territorios.
Por ejemplo, la Declaración de soberanía A/RES/1514 del año 1960 declara que «todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación y en virtud de ese derecho, determinar libremente su condición política y perseguir libremente su desarrollo económico, social y cultural”.
O la Declaración sobre la cuestión de Ifni y Sahara Español A/RES/2072 de 1965 que “pide encarecidamente al Gobierno de España, como potencia administradora, que adopte inmediatamente todas las medidas necesarias para la liberación de los territorios de Ifni y del Sahara Español de la dominación colonial”.
Y como estas dos muestras, contínuas resoluciones de Naciones Unidas piden que se ponga fin a este interminable proceso de descolonización e independencia del Pueblo Saharaui.
Según la carta de 29 de enero de 2002, dirigida por el Secretario General Adjunto de Asuntos Jurídicos al Presidente del Consejo de Seguridad, el acuerdo de Madrid no transfirió la soberanía sobre el territorio ni confirió a ninguno de los signatarios la condición de potencia administradora. Condición que España, por sí sola, no podía haber transferido unilateralmente. La transferencia de la autoridad administrativa sobre el territorio a Marruecos y Mauritania en 1975 no afectó la condición internacional del Sáhara Occidental como territorio no autónomo.
Por tanto, la ocupación marroquí de los territorios del Sáhara Occidental es totalmente ilegitima y se mantiene la responsabilidad del estado español como potencia administradora.
Desde Más Madrid Compromiso con Getafe pedimos la retirada inmediata de las tropas marroquíes de la franja de Guerguerat para mantener el proceso de paz y que el Gobierno Español asuma de una vez su responsabilidad y facilite el referéndum de autodeterminación del pueblo saharaui que ponga fin al inacabado proceso de descolonización.
Durante este verano, cuando nos sentíamos a salvo de los efectos masivos del COVID-19, los programas de sucesos nos bombardeaban sobre un grave problema que podría ocurrirnos a cualquiera de nosotras: que nos ocuparan la vivienda.
El tratamiento de la ocupación por parte de estos programas simplifica y criminaliza una realidad con multiplicidad de elementos. El principal, el problema de acceso a la vivienda, por su precio inasumible y por la ausencia de políticas públicas y regulación en materia de vivienda.
Resulta imprescindible realizar ciertas consideraciones jurídicas para desgranar el asunto. La ocupación ilegal de la primera vivienda -aunque no sea la residencia principal, según entiende la jurisprudencia-, supone un delito de allanamiento de morada y la policía puede actuar de manera inmediata. Si la vivienda ocupada no constituye la residencia o morada de nadie, el delito menor cometido, menor – y antes de la reforma del Código Penal de 2015 una falta-, será el de usurpación.
El allanamiento de morada protege el hogar, el derecho a la vivienda
Los bienes jurídicos, los derechos protegidos son distintos en un caso y en otro. El allanamiento de morada protege el hogar, el derecho a la vivienda, mientras que la usurpación protege exclusivamente el derecho a la propiedad. Las estadísticas oficiales muestran que la magnitud del problema es mucho menor que lo presentado por los medios. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), las condenas por allanamiento de morada fueron 286 en 2018 (último año disponible). Datos más recientes de Interior del primer semestre de 2020 reflejan que apenas hubo 7.450 denuncias por usurpación.
Según las organizaciones sociales de vivienda, la mayoría de las ocupaciones son realizadas por familias monomarentales en viviendas de bancos o fondos de inversión. Se calculan más de 3 millones y medio de viviendas vacías en todo el país, 300.000 en la Comunidad de Madrid y unas 7.000 en Getafe. La mayoría de ellas, de bancos y fondos de inversión, que prefieren mantenerlas vacías que facilitar el alquiler social, gracias al afán especulativo y a la ausencia de normativa en materia de vivienda a todos los niveles.
Muy lejos de constituir un problema para la mayoría social la ocupación no es un problema
Muy lejos de constituir un problema para la mayoría social – que sí sufre angustiosamente el acceso a la vivienda-, la ocupación no es un problema por el cual esta vecina que elige a su alcaldesa deba temer. Por el contrario, lo que sí genera pavor es observar cómo estas cadenas generalistas, aprovechando un totum revolutum creado sobre la cuestión, avalan la acción de empresas que han encontrado un nicho de negocio en echar a personas de viviendas y que han sido denunciadas por utilizar amenazas o coacción en ello.
Es evidente la de algunas administraciones con el empuje del lobby del ladrillo para desincentivar el alquiler de viviendas y continuar rentabilizando el negocio de la construcción. La Comunidad de Madrid va a reformar la Ley del Suelo, a través de mecanismos parlamentarios torticeros que pueden ser causa de nulidad legal, y a expreso deseo de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA). La Consejera de Ordenación Territorial (que también lo es de Medio Ambiente y de Sostenibilidad) aboga claramente por reactivar el sector de la construcción, ya que supone “el 20% del empleo en la región”. La salida de la crisis que el Gobierno de Ayuso planea para Madrid es la apuesta por el ladrillazo, que todas sabemos no mejorará la economía, el empleo, el medio ambiente, o el acceso a la vivienda.
El problema de la mayoría social en cuestión de vivienda no es que nos vayan a ocupar nuestra casa en un descuido.
El problema de la mayoría social en cuestión de vivienda no es que nos vayan a ocupar nuestra casa en un descuido, por más que las empresas de alarmas nos intenten convencer de ello, sino la extrema dificultad para acceder a una. Urgen políticas públicas de vivienda de titularidad pública, que impidan su posterior venta a fondos buitre. Asimismo, es necesario regular por ley el precio del alquiler. Cataluña acaba de aprobar una ley para regular el precio del alquiler de los municipios de más de 20.000 habitantes. En Madrid, con este Gobierno ultraliberal no podemos esperar una legislación con semejante cariz social, por lo que urge que Gobierno central tome cartas en el asunto para garantizar en todo el país el derecho al acceso a una vivienda.
Esta pandemia, de origen sanitario, tiene características propias de diversa naturaleza como las relacionadas con la salud en general. La incertidumbre sobre los tratamientos, los cambios en las relaciones, dificultades laborales, económicas, agravamiento de las fuentes de estrés anteriores, etc.
Esta pandemia es el claro ejemplo de cómo el comportamiento es contextual no se puede entender. Sin la relación con el entorno inmediato como la aparición de este nuevo virus. Y continuo a lo largo de toda nuestra vida, materializándose en esas múltiples interacciones que, establecemos como organismos vivos y reducimos al concepto de “biografía”, con sus luces y sus sombras.
Nuestro instinto de supervivencia.
Ante un hecho desconocido, inesperado, traumático, como la aparición de la COVID-19, todos los animales, incluido el ser humano, reaccionamos de forma parecida. Con miedo, preparándonos para atacar, huir, o nos paralizamos. Es nuestro instinto de supervivencia.
Es un error, por las consecuencias, y los problemas derivados, asumir una perspectiva clínica, la patologización de estas respuestas emocionales, como problemas de “salud mental”.
Sabemos de los beneficios económicos que reportan estas ideas reduccionistas y patologizantes los perjuicios para la salud, la autoestima y la sociedad en general.
Estas primeras reacciones de protección son normales y señal de que las cosas nos afectan emocionalmente. El sufrimiento es consustancial al mismo hecho de estar vivo. Es la dictadura actual del hedonismo nos ha hecho creer que la felicidad es toda ausencia de malestar.
Cuando experimentas una gran perdida, inesperada, como el fallecimiento de un ser querido, la incapacidad para acompañarle en sus últimas horas, la pérdida de recursos económicos, habitacionales o de trabajo no hay nada patológico en tu cerebro, tu salud mental esta en buenas condiciones, porque estás reaccionando como cabe esperar ante perdidas tan graves, lo disfuncional sería no sentir esas emociones.
La teoría de los determinantes de la salud integral, establece toda una serie de variables, modificables, para avanzar hacia promoción del bienestar y la prevención de sus amenazas o enfermedades.
Los datos sobre los problemas emocionales son sobrecogedores
En primer lugar, aquellas variables que tienen que ver con la persona, sus competencias y, posteriormente, todas aquellas que tienen que ver con las oportunidades o barreras del entorno que se manifiestan en la INEQUIDAD; esto no es de ahora, ya es teoría vieja, desde los años 70 en los que el ministro de sanidad canadiense, Lalonde, planteaba modificar las condiciones de los entornos para ir a las causas de las causas del enfermar, y no en “tratar los síntomas”. En aquellos años situaba estas en el 75% de los orígenes de las enfermedades y de la mortandad.
Los datos sobre los problemas emocionales son sobrecogedores, el 11 de octubre en televisión española se hablaba de la subida “exponencial” de la ansiedad y el estrés. En otra cadena, del 168% con relación al mes de marzo, de aumento de personas aquejadas de problemas emocionales, por las diversas secuelas de esta pandemia, sanitarias, sociales y económicas.
Por supuesto, para el reduccionismo psicopatológico, la respuesta inmediata es la medicación antidepresiva, o ansiolítica, entre ellos el famoso PROZAC. Es más fácil, exime de responsabilidad a la persona( ya que “estás enfermo”), a las instituciones públicas, a los políticos, y por qué no, muchas veces, a la propia familia. Es más fácil ocultar, amortiguar el dolor, ir al síntoma que, a las causas al origen de estas emociones, normales.
Aunque natural, paralizarse en el miedo, en la inacción, no aprovechar las oportunidades de la nueva situación, puede constituir la cronificación de estos problemas. La aparición de otros de diversa índole, pero la causa no es que algo sea disfuncional en tu cerebro, sino que las respuestas a esos problemas son las equivocadas. Y no son inocuas ni más económicas para las arcas públicas.
Entrevistamos a César Serrano de CCOO y que lleva años luchando por la erradicación del amianto en nuestro pueblo y en la comarca sur.
¿Lleváis mucho tiempo intentando erradicar el amianto?
Es una pelea histórica del sindicato y hemos denunciado, cuando muy pocos lo hacían, el peligro para la salud del amianto no sólo en el ámbito laboral. Hay que recordar que la utilización de este mineral en la construcción fue indiscriminada desde los años 60 hasta el año 2001, en que se prohibió su uso definitivamente. Hay miles y miles de kilos instalados en edificios de viviendas, colegios, infraestructuras industriales y sitios de ocio sólo por poner un ejemplo. Se estima que hay más de 40.000 km de tuberías fabricadas con este material en nuestra red de abastecimiento de agua. Y esta es una cifra conservadora.
Todo esto no tendría repercusión alguna sin la lucha de los sindicalistas de CCOO y sus compañeros en sus puestos de trabajo defendiendo su salud, la de sus familias y la de los ciudadanos, como ocurre, por ejemplo, en Metro., o como ocurrió no hace tanto tiempo en la factoría de Uralita en Getafe.
Getafe es una ciudad emblemática por haber sido sede de Uralita, ¿qué planteamiento tenéis para solucionar este grave problema?
Desde la comarca sur de CC.OO venimos exigiendo que se haga un inventario de edificios tanto públicos como privados que contengan amianto. Es indispensable conocer en donde esta instalado este material para controlar tanto en que estado se encuentra como para vigilar la correcta retirada del mismo en caso de que se realice una obra en estos edificios.
Hay que elaborar un plan integral de retirada del amianto instalado para empezar a trabajar en su retirada definitiva. Es necesaria la implicación de la Comunidad de Madrid, ya que esto es un problema que no pueden asumir solamente las administraciones locales. La falta de compromiso de la Comunidad de Madrid con este problema es vergonzosa, sobre todo en lo que a los municipios del sur se refiere. Es en la zona sur de Madrid en donde la exposición al amianto es muy superior a cualquier otra zona de Madrid.
También planteamos que se creen mesas de trabajo especificas en cada localidad, en la que participen los partidos políticos, sindicatos y el tejido asociativo de cada población para empezar a trabajar lo antes posible en este tema.
¿Qué respuestas habéis tenido del Ayuntamiento de Getafe?
Bueno, en la reunión que mantuvimos con el concejal de sostenibilidad le trasmitimos nuestra preocupación ante los vertidos de amianto que jalonan el entorno de Getafe y le pedimos que se convocase de una vez por todas la comisión de seguimiento del amianto que llevamos esperando desde diciembre del año pasado. Angel Muñoz, concejal de sostenibilidad, se comprometió a hacerlo antes de que acabe el año, pero creemos que ya vamos tarde y que no podemos esperar mucho más.
¿Qué zonas tenéis detectadas como con mas amianto: vertederos, cementerio, viviendas…?
Todas las viviendas construidas antes de 2001 es casi seguro que contienen amianto, por no hablar de los polígonos industriales, que están llenos de amianto en sus cubiertas, canalizaciones, etc. Otras zonas son los vertederos incontrolados en el entorno del polígono San Marcos y Los Ángeles, en donde se acumulan restos de obras que contienen amianto de manera incontrolada. Y esto solo en Getafe, claro está.
