Durante este verano, cuando nos sentíamos a salvo de los efectos masivos del COVID-19, los programas de sucesos nos bombardeaban sobre un grave problema que podría ocurrirnos a cualquiera de nosotras: que nos ocuparan la vivienda. 

 El tratamiento de la ocupación por parte de estos programas simplifica y criminaliza una realidad con multiplicidad de elementos. El principal, el problema de acceso a la vivienda, por su precio inasumible y por la ausencia de políticas públicas y regulación en materia de vivienda. 

Resulta imprescindible realizar ciertas consideraciones jurídicas para desgranar el asunto. La ocupación ilegal de la primera vivienda -aunque no sea la residencia principal, según entiende la jurisprudencia-, supone un delito de allanamiento de morada y la policía puede actuar de manera inmediata. Si la vivienda ocupada no constituye la residencia o morada de nadie, el delito menor cometido, menor – y antes de la reforma del Código Penal de 2015 una falta-, será el de usurpación. 

El allanamiento de morada protege el hogar, el derecho a la vivienda

Los bienes jurídicos, los derechos protegidos son distintos en un caso y en otro. El allanamiento de morada protege el hogar, el derecho a la vivienda, mientras que la usurpación protege exclusivamente el derecho a la propiedad. Las estadísticas oficiales muestran que la magnitud del problema es mucho menor que lo presentado por los medios. Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), las condenas por allanamiento de morada fueron 286 en 2018 (último año disponible). Datos más recientes de Interior del primer semestre de 2020 reflejan que apenas hubo 7.450 denuncias por usurpación.  

Según las organizaciones sociales de vivienda, la mayoría de las ocupaciones son realizadas por familias monomarentales en viviendas de bancos o fondos de inversión. Se calculan más de 3 millones y medio de viviendas vacías en todo el país, 300.000 en la Comunidad de Madrid y unas 7.000 en Getafe. La mayoría de ellas, de bancos y fondos de inversión, que prefieren mantenerlas vacías que facilitar el alquiler social, gracias al afán especulativo y a la ausencia de normativa en materia de vivienda a todos los niveles. 

Muy lejos de constituir un problema para la mayoría social la ocupación no es un problema

Muy lejos de constituir un problema para la mayoría social – que sí sufre angustiosamente el acceso a la vivienda-, la ocupación no es un problema por el cual esta vecina que elige a su alcaldesa deba temer. Por el contrario, lo que sí genera pavor es observar cómo estas cadenas generalistas, aprovechando un totum revolutum creado sobre la cuestión, avalan la acción de empresas que han encontrado un nicho de negocio en echar a personas de viviendas y que han sido denunciadas por utilizar amenazas o coacción en ello. 

Es evidente la de algunas administraciones con el empuje del lobby del ladrillo para desincentivar el alquiler de viviendas y continuar rentabilizando el negocio de la construcción. La Comunidad de Madrid va a reformar la Ley del Suelo, a través de mecanismos parlamentarios torticeros que pueden ser causa de nulidad legal, y a expreso deseo de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid (ASPRIMA). La Consejera de Ordenación Territorial (que también lo es de Medio Ambiente y de Sostenibilidad) aboga claramente por reactivar el sector de la construcción, ya que supone “el 20% del empleo en la región”. La salida de la crisis que el Gobierno de Ayuso planea para Madrid es la apuesta por el ladrillazo, que todas sabemos no mejorará la economía, el empleo, el medio ambiente, o el acceso a la vivienda. 

El problema de la mayoría social en cuestión de vivienda no es que nos vayan a ocupar nuestra casa en un descuido.

El problema de la mayoría social en cuestión de vivienda no es que nos vayan a ocupar nuestra casa en un descuido, por más que las empresas de alarmas nos intenten convencer de ello, sino la extrema dificultad para acceder a una. Urgen políticas públicas de vivienda de titularidad pública, que impidan su posterior venta a fondos buitre. Asimismo, es necesario regular por ley el precio del alquiler. Cataluña acaba de aprobar una ley para regular el precio del alquiler de los municipios de más de 20.000 habitantes. En Madrid, con este Gobierno ultraliberal no podemos esperar una legislación con semejante cariz social, por lo que urge que Gobierno central tome cartas en el asunto para garantizar en todo el país el derecho al acceso a una vivienda. 

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