Energía: si no es derecho, es privilegio

La pobreza energética afecta de manera muy significativa a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. La imagen colectiva de este problema social es la de los adultos empobrecidos, pero no la de niños congelados de frío o muertos por calor.

Azahara Valverde Alonso

Dicen que las coyunturas, las crisis y los “baches” son agentes naturales que se encargan de recentralizar los recursos económicos de un Estado. Suelen decir esto porque, precisamente, cuando hay una recesión económica eso de innovar queda relegado a un segundo puesto, y tercero, y cuarto. Podemos llegar a entender pues por qué el proyecto para frenar la pobreza energética del Ayuntamiento de Getafe quedara paralizado frente a la Covid.

Lo que probablemente cuesta más entender es la realidad que acontece a nivel estatal y europeo y que persigue de manera incesable a los que vendrán: niños y jóvenes no solo tienen que cargar con el peso de crisis encadenadas, sino que la mala gestión que pone por delante del derecho al capital económico, también les hace cargar con una inestabilidad social extra. Hay muchas formas de definir la pobreza energética porque es un problema relativamente nuevo al que los estados modernos europeos le están comenzando a dar importancia ahora. Teniendo en cuenta que es un problema creciente, y que refleja las desigualdades en cuanto al consumo de energía, las definiciones que se aporten no están exentas al constante cambio.

¿Qué es la pobreza energética?

Dice el Comité Económico y Social Europeo que la pobreza energética vendría a ser «la dificultad o la incapacidad de mantener la vivienda en unas condiciones adecuadas de temperatura, así como de disponer de otros servicios energéticos esenciales a un precio razonable».  

La Unión Europea ha incorporado indicadores para medir la pobreza energética, como es la Asociación de Ciencias Ambientales, que indican que esta es «una situación en la que un hogar es incapaz de pagar una cantidad de energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas y/o cuando se ve obligado a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética de la vivienda».

La pobreza energética es una condición multidimensional. Esto quiere decir que para medirla se pueden acudir a diferentes patrones y aspectos. «El Observatorio Europeo contra la Pobreza Energética (EPOV) incluye como indicadores primarios: atrasos en las facturas, incapacidad de mantener el hogar a una temperatura adecuada y el gasto energético del hogar. Otros indicadores que afectan a la pobreza energética según el EPOV son: el precio de los combustibles como la biomasa, el gas natural y el petróleo, el precio de la electricidad en los hogares, etc.».

Y no solo eso, y es que España como “país al sur del continente” es uno de los focos de alto riesgo social. Estudios recientes señalan especialmente a Portugal, Malta y España como países en los que se han reportado mayores niveles de instalaciones de calefacción inadecuadas en los hogares y falta de aislamiento térmico en la edificación.

¿Por qué no se actúa contra la pobreza energética?

La pobreza energética se ha intensificado con los años, y ante esta situación se dan dos posibles respuestas: O no hay una política ecológica comunitaria europea lo suficientemente fuerte y actual como para frenar este caos, o los intereses económicos y políticos dentro de cada país terminan de decantar la balanza de la acción institucional hacia el nepotismo.

Podríamos contentarnos con pensar que la pobreza energética es un problema coyuntural que emerge de dicho contexto social volátil, tal como una crisis o recesión económica y en este caso, por la pandemia. Pero sobre todo es de carácter estructural, porque tiene otros frentes abiertos que lo acompañan, como pueden ser la exclusión social, la renta por debajo del umbral de la pobreza, o la precariedad laboral y los hogares monoparentales, entre otros.

La pobreza energética destroza infancias

La pobreza energética mata, según el Comité Económico y Social Europeo, física y socialmente. Habitar en viviendas con una temperatura menor a 18º en invierno supone un impacto negativo para la salud de las personas, ya sea a través de depresiones, ansiedad u otras dolencias de un ámbito más alérgico. Por no hablar de que esta afecta a la calidad de vida, alimentación y rendimiento escolar.

Por tanto, el conjunto suele provocar exclusión social, y en la infancia termina proyectándose de una manera un poco menos visible. Quizás por ese carácter de adultez que tienen los derechos humanos, que nos hacen pensar en hombres y mujeres manifestándose, pero no en niños congelados de frío.

El margen de expresión social que poseen los hijos y sus padres no es el mismo. Las estadísticas casi siempre hablan del paro, pero no de la pobreza infantil que supone un hogar sin ingresos mínimos. Y mucho menos hablan de escasez de recursos energéticos. Todo lo que no nos muestran en la televisión cae en una constante presuposición de los hechos.

Las bases de datos no pagan las facturas

En España, concretamente en Getafe, se pensaba impulsar a partir de 2020 una serie de proyectos cofinanciados en un 80% por la UE y un 20% por el Ayuntamiento, centrándose en barrios como Las Margaritas y La Alhóndiga. Pero, aunque estos barrios tengan un registro de la problemática, el asunto no se soluciona creando una base de datos.

Las facturas no bajan con bases de datos y registros, no se puede tardar tantísimo tiempo en recolectar datos cuando hay vecinos con instalaciones eléctricas cuyo consumo medio es mayor que su renta. Los avances pertinentes se deberían realizar con esos casi seis millones y medio de euros que se pretenden destinar al proyecto, quizás cambiando la instalación eléctrica a aquellos hogares que están sufriendo de esta condición por poseer una vivienda en mal estado, o siendo eficaces a corto plazo. No creando una base de datos que se paraliza por una pandemia, porque las pandemias también paralizan los sueldos, y eso sí que es absurdo.

Lo que tienen en común las pandemias y la pobreza energética, es que se ven afectados por los mismos factores: aquellos que no disponen de un trabajo fijo y que son víctimas de los famosos trash contract, el encarecimiento del consumo básico de tipo alimenticio, la denegación de subsidios o ayudas a la comunidad, la reducción de pensiones, el aumento de impuestos, problemas de salud física y mental y exclusión. Mucha exclusión social. Tanta que da miedo.

La brecha digital también es económica

Por otro lado, pobreza energética no es solo no poder disponer de un suministro energético asequible, y es que los tiempos cambian.

Desde el momento en que se comienza a avanzar en materia tecnológica lo que se consigue es que aquellos que no son capaces de ponerse al nivel del resto, sufran un descolgamiento del progreso. El progreso tecnológico, en este caso, entendido como el nacimiento de la conexión Wi-Fi y las formas de educación a distancia y el Internet, conlleva desigualdades y vulnerabilidad de los servicios básicos.

La conexión a Internet es un factor a tener en cuenta, no igual de relevante pero sí casi tanto como el abastecimiento eléctrico, ya que aquel que no puede permitirse pagar las facturas del consumo eléctrico suelen tener patrones de impagos de la red telefónica y, en consecuencia, la conexión a Internet.

Este tipo de pobreza energética podría denominarse “brecha digital” y se define según la UGT como la «separación que existe entre las personas (comunidades, estados o países) que utilizan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como una parte rutinaria de su vida, y aquellas que no tienen acceso a ellas o que, aunque lo tengan, no saben cómo utilizarlas».

En términos generales, aunque el acceso a la conexión a internet y la globalización contribuyan a disminuir las desigualdades sociales, la realidad es que, si no se dispone de gratuidad, universalidad y accesibilidad, su función no es esa. Su función se convierte, una vez más, en la de un agente socializador incompleto que no llega a todos los hogares y que por tanto aumenta la brecha y la comparación entre unos y otros. Y esa comparación se basa, precisamente, en un hogar con mayores ingresos económicos frente a otro que no puede costear los servicios básicos vitales.

Porque en la era de la globalización constante el acceso a Internet no solo es “acceso a Internet”, sino cantidad de oportunidades: educación, administración y modernización. Al fin y al cabo, no mantener un nivel básico disponiendo de Internet en los hogares favorece, más que a la brecha tecnológica, a la brecha social de la exclusión y la marginación. Y es que lo ideal sería que todos los españoles pudieran tener un acceso asequible o equitativo que se equipare a su nivel socioeconómico. Diríamos que es un ideal. Pero hablar de ideales y derechos en una misma frase bajo el concepto de “democracia representativa” y “estado de derecho” suena a chiste.

Jóvenes energéticamente pobres

Cuando hablamos de pobreza energética sin enfocarnos en un género o un rango de edad donde predomine es precisamente porque los jóvenes no tienen un impacto directo en esta problemática, sino que es un “efecto rebote”: Si no podemos irnos de casa porque no nos da para un alquiler, no tenemos tantas posibilidades de sufrir pobreza energética.

Es la pescadilla que se muerde la cola, la dependencia genera invalidez y la constante desacreditación de los derechos al suministro como desechados “derechos humanos” genera en la población juvenil mucha más apatía y desconfianza hacia el emprendimiento personal.

No solo no tenemos la seguridad de avanzar, es que no nos dicen si tan siquiera habrá allí alguien que nos garantice lo mínimo. Cuando un servicio social no es “lo mínimo” ni una garantía por parte del estado de bienestar, dicho servicio se convierte en un bien de mercado y ya no es un servicio, es un producto.

Cuando hablamos de que la pobreza energética tiene un impacto directo en el desarrollo de la infancia y adolescencia, podemos decir que se materializa en la oportunidad de desarrollo. De nada sirve que un país tenga una amplia oferta académica gratuita, si se sigue considerando que en todos los hogares se poseen los mismos medios tecnológicos como para adaptarse a los nuevos tiempos.

La transición energética conlleva un gran esfuerzo por parte de todos los estados, independientemente de que formen parte de la Unión Europea o no. Para cualquier familia de entre el más del millón y medio de españoles que se beneficia del bono social eléctrico y otras ayudas, es mucho más complicado preocuparse por algunas cuestiones que se tornan irrelevantes. Irrelevantes con respecto a su realidad cotidiana, ya que aquella madre que no puede pagar facturas tampoco puede costear un módem de internet.

Abandono escolar, depresión suicidio juvenil

El abandono escolar y el fracaso de este están íntimamente relacionados con la situación económica dentro del hogar. La pobreza energética contribuye al aislamiento social, y a que el niño, la niña y la adolescencia se aleje de la realidad cotidiana. Y a su vez, todos estos factores se relacionan de manera íntima con la tasa de suicidio y tendencias depresivas, según informes de UNICEF.

Es tan víctima el niño que no sabe qué está ocurriendo como aquel padre que no puede hacer nada por cambiar su modo de vida y que siente rechazo social. Y mientras tanto el niño debería seguir siendo, ante todo y cualquier crisis, un manojo de ilusiones que ningún gobierno debería deshilachar. Garantizar un hogar digno, la educación completa y la calefacción en un hogar no debería ser el deseo de ningún pequeño.

Pero desde luego ha de ser cometido de nuestro gobierno a nivel local y autonómico, incluso estatal y europeo, garantizar y reconocer el derecho a los suministros cuanto antes.

Inacción política frente a la pobreza energética

Paralizar proyectos frente a la exclusión social en pleno desarrollo de una crisis es como destaponar el desagüe de la ducha cuando llenamos la bañera: de qué me sirve haberlo puesto dos minutos, si cuando cae agua desde arriba no queremos las reservas. De qué me sirven las ayudas si en plena crisis los pobres seguimos siendo pobres y los ricos el doble de ricos.

El problema es que ante el reconocimiento de las carencias del ciudadano empobrecido, los gobiernos no terminan nunca de dar el pistoletazo de salida a las reformas sociales pertinentes, haya COVID o no lo haya.

Siempre hay un conflicto de intereses, un orden del día más importante dentro del Congreso o en general, una excusa para justificar la no-acción-política.

Salvaguardar la vida del hombre es verdaderamente complicado, y cuando llega el momento de actuar es más sencillo echar las culpas al gobierno anterior por las pasadas reformas, que ponerse en marcha e iniciar una contrarreforma para la misma.

El estigma hacia la pobreza energética, la aporofobia, y en su conjunto el rechazo social hacia los niños que no pueden cambiar la realidad de su casa es una situación abrumadora, pero también es un arma electoral: Para muchos candidatos políticos solo es la excusa perfecta para desacreditarse mutuamente o conseguir apoyo. Y es que la pobreza energética es puro marketing, y nosotros no queremos que nos vendan como a la vivienda.