Más Madrid Compromiso con Getafe acusa a la Comunidad de Madrid de dejar desprotegidos a los menores tutelados en una proposición al Pleno del Ayuntamiento de Getafe la que también se han sumado PSOE y Podemos.
En la proposición que se debatirá en el Pleno del próximo lunes, 18 de julio, Más Madrid Compromiso con Getafe, PSOE y Podemos denuncian el desmantelamiento y la privatización de la red pública de centros de protección a la infancia de la Comunidad de Madrid y piden recursos de acogida públicos en Getafe para que los 54 niños y niñas del municipio, que en la actualidad están repartidos en 18 recursos residenciales por toda la Comunidad de Madrid, puedan estar más cerca de sus familiares.
Esta iniciativa reacciona al anuncio que hizo el gobierno de Ayuso, a finales de mayo, sobre la reestructuración de la red centros públicos de atención a la infancia en situación de desprotección. En este movimiento la Comunidad de Madrid pretende cerrar la única residencia pública que atiende niños y niñas desde recién nacidos, algunos muy prematuros, hasta los 6 años, que están tutelados por la Comunidad de Madrid y tienen alguna enfermedad o discapacidad.
Además, prevé trasladar a los menores migrantes no acompañados de Madrid a una zona deshabitada de Barajas, dificultando el acceso a recursos normalizados de formación, ocio y empleo, que necesitan para su correcta integración social. Y también trasladar a los menores que acogen en Acacias a las instalaciones de La Casita, que está en el campo, para finalmente afincarlos en San Fernando, desarraigándolos de su entorno social y familiar.
Precariedad e incertidumbre en las residencias
Estos planes de reestructuración han tenido una fuerte contestación por parte de los trabajadores y trabajadoras del sistema de protección a menores, que han convocado una nueva concentración el próximo jueves, 14 de julio, a las 11, frente a las puertas de la Consejería de Políticas Sociales y Familia de la Comunidad de Madrid en la que reivindican la modernización del acogimiento residencial, unos servicios públicos de calidad, negociación y diálogo.
Los educadores y educadoras de estos centros realizan funciones indispensables en una sociedad civilizada, de cuidado y protección de la infancia en situación de abandono, violencia o maltrato: trabajan con las familias para facilitar progresivamente que puedan atender de manera adecuada a sus hijos e hijas; son el soporte de adolescentes que no cuentan con ningún apoyo para la realización de su proyecto de vida y lo hacen con medios muy escasos, con una temporalidad que supera el 85% de la plantilla, con antigüedades superiores a los 20 años en la mayoría de los casos.
Gestión privada también en protección a la infancia
Señala Jesús Pérez, el portavoz de Más Madrid compromiso con Getafe que en los últimos años se ha tratado de caracterizar a los menores tutelados como delincuentes, muy especialmente a los migrantes, y vincular la red de protección a la infancia con abusos y prostitución. Añade que «estos recursos autonómicos son imprescindibles para de que los niños y las niñas que no tienen una estructura familiar que los cuide tengan una vida rica, una buena educación y la oportunidad de rehacer los vínculos con su familia de origen o crear nuevos con una de acogida o adopción».
«No pueden mandar a los chavales al campo y alejarlos de los entornos urbanos y repartir a niños muy pequeños, que necesitan una atención constante, por centros que atienden una franja muy amplia de edad. Es muy doloroso ver cómo, una vez más, el gobierno del Partido Popular está tratando de facilitar negocios privados con servicios tan sensibles como la protección de menores», ataja el concejal en referencia a otros servicios como los de cuidados de mayores o la atención sanitaria.
El cierre de La casita de los niños (0-6) y la eliminación de plazas en residencias públicas en otros centros coincide con que la Comunidad de Madrid ha aprobado el gasto de 5,3 millones de euros para la creación de una residencia infantil de 3 a 17 años de gestión privada.
