Desde Más Madrid Compromiso con Getafe apoyamos las movilizaciones convocadas para este próximo día 27 de febrero en toda España y en Madrid lo harán a las 12 horas desde la Plaza de la Villa hasta la Puerta del Sol por las trabajadoras del servicio de ayuda a domicilio (SAD), la desprivatización de los servicios y que se cumpla la ley de prevención de riesgos laborales, así como que se reconozcan las enfermedades profesionales y se aplique el epígrafe reductor de la edad de jubilación.
Clamamos por un sistema de cuidados que garantice la calidad de vida de las personas perceptoras del servicio y dignidad laboral a las trabajadoras que desarrollan el servicio. Y por ello nos sumamos como organización a la manifestación convocada por las compañeras del Servicio de ayuda a domicilio. Estaremos con ellas.
¿Quiénes son las trabajadoras de ayuda a domicilio?
Las trabajadoras del SAD son las profesionales, formadas y especializadas, encargadas de la atención a personas en situación de dependencia en sus domicilios. Sus tareas son múltiples y variadas, desde el aseo personal y movilización, al acompañamiento de gestiones, compra y visitas al Centro de Salud, como de soporte emocional de las personas a las que atienden. En su inmensa mayoría, estas profesionales son mujeres.
Por las características de su profesión, su centro de trabajo es cambiante. Viviendas a veces con dificultades para maniobrar o cocinar por falta de espacio. Viviendas no adaptadas a las necesidades de las personas con las que trabajan, si ascensor, ni plato de ducha, ni espacio para grúa, etc. pero tampoco adaptadas para ellas mismas por las posibles lesiones físicas que puede acarrear un entorno de trabajo poco adecuado. Viviendas a veces que presentan insalubridad, insectos y vectores, lo que conlleva riesgo de contraer enfermedades.
Más atención a la salud laboral
Asimismo, por el tipo de servicio que prestan, el abanico de casuística con el que intervienen es muy variado, desde personas con discapacidad o dependencia, enfermedades graves, personas en situación de paliativos, con enfermedad mental grave, o simplemente en situación de soledad. Por lo que no solo es imprescindible que conozcan las técnicas de movilización y cuidados como herramienta básica de su trabajo, sino que tienen que saber contener situaciones de estrés, ser soporte emocional y de contención ante toda esta diversidad.
Además, cosa inimaginable en cualquier otro contexto laboral, no pueden hacerse evaluaciones de riesgo en sus centros de trabajo porque al ser domicilios particulares se violaría la intimidad de las personas a las que atienden.
La falta de evaluación de riesgos supone que no hay posibilidad de aplicarles la categoría de enfermedad profesional cuando están de baja, por poner un ejemplo.
Con este objetivo, reclamar que se las incluya en la Ley de prevención de riesgos laborales y se actúe contra la discriminación laboral que sufren como sector, las trabajadoras del SAD estuvieron casi un mes acampadas frente al Ministerio de Trabajo, esperando una reunión que lamentablemente nunca llegó.
¿Qué piden las trabajadoras?
Lo que piden estas mujeres trabajadoras es que se visualicen las condiciones laborales en las que trabajan: jornadas laborales agotadoras; con contratos parciales y sueldos de miseria; con enfermedades y lesiones no reconocidas como consecuencia de su profesión; sin posibilidad de reducir la edad de jubilación, y un sinfín de despropósitos al que estas trabajadoras, consideradas durante toda la pandemia como “esenciales” se ven sometidas diariamente.
Pero es que además muchas de ellas son explotadas por empresas privadas no especializadas en cuidados de personas dependientes que degradan el servicio y precarizan a sus trabajadoras. Esta no es sólo una reivindicación laboral, señalan, sino que también es la defensa de un servicio de cuidados que se sostiene con dinero público.
¿Como se puede entender que un servicio financiado por dinero público se privatice? Pero en este caso la privatización, lo que llaman la colaboración pública privada, no es otra cosa que el parasitismo del dinero público por parte de empresas.
Empresas que la única posibilidad que tiene de efectuar el beneficio es explotando a las trabajadoras, bajando sus salarios o empeorando sus condiciones de trabajo.
