En el Pleno del 27 de mayo, sacamos adelante una iniciativa para mejorar la atención que presta el Ayuntamiento de Getafe a las personas migrantes, con especial atención a aquellas que se encuentran en situación administrativa irregular que son especialmente vulnerables a través del fomento del empleo de primera oportunidad, ayudas directas y convenios con asociaciones y entidades que las ayuden.

La migración y los desplazamientos internacionales son, por su naturaleza misma, cuestiones estructurales y transnacionales que conciernen a los países de origen y de destino, así como a aquellos que los migrantes atraviesan. La migración se ha convertido en una cuestión política de primer orden, entrelazado con los derechos humanos, el desarrollo y la geopolítica a nivel nacional, regional e internacional.  Este asunto requiere medidas de diversa índole, desde los derechos humanos a escala universal hasta las políticas sociales en el propio municipio.

Las personas migrantes que se encuentran en España en el momento actual, y en concreto en el municipio de Getafe, en general son personas que no tienen ninguna intención de regresar a su país o migrar a otro; más bien quieren quedarse, pertenecer y participar en lo que consideran su lugar de residencia, independientemente de la situación administrativa en la que se encuentren.

Así lo viene a mostrar el Observatorio de la Comunidad de Madrid: el 91,4% de los extranjeros se sienten integrados en la sociedad madrileña,y el 74,5% de los españoles también creen que los extranjeros se sienten integrados en nuestra región.

Igualmente, como norma general son personas que, aun llegando a España por razones diferentes, buscan el logro de la autonomía personal, familiar, social y económica a través de su trabajo, al igual que cualquier otro/a ciudadano/a, así como oportunidades para ello. Lo mismo se puede decir de las múltiples organizaciones que trabajan con personas migrantes con el objetivo global, todas ellas, de lograr que cada persona o familia migrante logre la integración social y económica propia de cualquier ciudadano/a perteneciente a la sociedad española, con igualdad de derechos y oportunidades.

Sin embargo, hay un muro de contención: la legislación que regula su estancia y permanencia en España, no siempre hacen posible estos logros y que, incluso, en no pocas ocasiones los impiden. Al aplicar unos requisitos y protocolos de actuación sin tener en cuenta la situación sociolaboral que se vive en España, que tuvo un gran cambio con la mal llamada crisis financiera del 2007 y, por supuesto ahora, con la COVID19. Y que pese a ello no se han producido cambios en los requisitos laborales exigidos para regularizar la situación administrativa o para renovar las autorizaciones, así como tampoco en los recursos económicos necesarios para reagrupar a sus familiares o regularizar a los hijos menores de edad.

Esta falta de adaptación a la realidad ha dejado absolutamente al margen e invisibilizadas a un gran número de personas, por encontrarse en situación irregular sea de inicio o sobrevenida, por tener autorización de residencia o por la aplicación de determinados requisitos que les expulsan de determinados sistemas (seguridad social), o les impide la ansiada búsqueda de inclusión laboral. Según Encuesta Regional de Inmigración 2019 de la Comunidad de Madrid antes de la Covid-19, el 90% de los extranjeros está empadronado en el mismo municipio donde reside. Sin embargo, existe un porcentaje significativo en torno a 4,5% que está empadronado en otros municipios diferentes a donde reside, y otro 4,5% que no está empadronado. La población migrante registrada en el Getafe alcanza a 30.000 personas. 

Y aunque esta situación va más allá de las competencias del municipio, afecta directamente a la inclusión y convivenciade laciudadanía de Getafe pues es donde viven, donde se relacionan, donde buscan los logros mencionados junto con el resto de la población que tiene regularizada su situación administrativa o tienen nacionalidad española de origen.

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