Debido a la presencia y rapidez de la evolución de la pandemia del coronavirus y su primer impacto en la salud, se requiere la adopción de medidas inmediatas y eficaces para hacer frente a esta coyuntura. La actual crisis no solo debe ser abordada desde el ámbito sanitario, sino también integral, porque afecta a las dimensiones bio-psico-sociales de la persona y a la propia comunidad. Una de las principales manifestaciones de esta crisis es el desplome del mercado laboral y una caída sin precedentes del tejido económico, al punto que ni siquiera la economía sumergida ha tenido posibilidades de mantener su actividad.
El aislamiento impuesto por la pandemia está agudizando la crisis de soledad en los hogares unipersonales y monomarentales con menores a su cargo, los hogares donde todos sus miembros han quedado en paro, de manera especial ha impactado en las personas mayores que están muriendo sin compañía de sus seres queridos. También afecta a todas aquellas familias migrantes en situación irregular, así como a otras familias que sobrevivían económicamente a través de la economía sumergida.
En cuanto a los hogares con menores, que siguen siendo el grupo más amenazado en lo referente al riesgo de pobreza, supone un aumento de cuatro puntos con respecto a la tasa de pobreza registrada y, de manera especial a los hogares monomarentales. Por otra parte, es obligado hacer referencia a la actual crisis de refugiados y a los menores de edad de nacionalidad extranjera.
Por otra parte, hace apenas unos meses la comunidad internacional (COP-25 Madrid) y los territorios locales estábamos dialogando acerca de la necesidad de un «cambio transformador» debido a las tendencias en el «cambio climático» y la protección de la biodiversidad que pronto pueden volverse irreversibles. Respuestas de la naturaleza al tratamiento irracional que hacemos de ella.
El otro fenómeno persistente es el aumento de las desigualdades de ingresos y riqueza y el acceso desigual a servicios clave, como la salud, la educación, el empleo decente, la garantía de rentas, la desigualdad de género o la especulación inmobiliaria que requieren profundas transformaciones de las políticas sociales, territoriales y fiscales. Estamos ante unas tendencias privatizadoras de la organización social tremendamente injustas.
Según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV)[1] del año 2018, publicada en junio 2019, el ingreso medio por persona alcanzó los 11.412 euros en España (Comunidad de Madrid 13.279). Siguiendo los criterios de Eurostat, el umbral de riesgo de pobreza se fija en el 60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo de las personas. En 2018, el umbral de riesgo de pobreza para los hogares de una persona (calculado con los datos de ingresos de 2017) se situó en 8.871 euros. En hogares compuestos por dos adultos y dos menores de 14 años, dicho umbral fue de 18.629 euros.
Como ya se ha señalado anteriormente, la población en riesgo de pobreza es un indicador relativo que mide desigualdad. No mide la pobreza absoluta, sino cuántas personas tienen ingresos bajos en relación al conjunto de la población de la Comunidad Autónoma de Madrid. Así, según la ECV, (con toda la prudencia necesaria de extrapolación estadística) la tasa de riesgo de pobreza se situó 16,1% para la población residente en Getafe. Y la Carencia Material Severa en 5,4% del total de la población. Es decir, personas/hogares que no pueden hacer frente al menos a cuatro de nueve conceptos[2] o ítems de consumo básico definidos a escala de la Unión Europea.
Según los conceptos de la ECV aplicados en le Comunidad de Madrid acerca de las situaciones económicas de los hogares nos encontramos que: el 23,5% no puede permitirse ir de vacaciones fuera de casa al menos una semana al año; el 30,7% no tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos; el 6,1% tiene retrasos en los pagos relacionados con la vivienda principal y 10,3% tiene mucha dificultad para llegar a fin de mes.
Según la Agencia Tributaria en su desglose de 2016 indicaba que, del total de rentas declaradas, 85.934 de ellas, en torno al 20% de sus declarantes, se encontraban en una renta media de menos de 6.010 euros anuales, seguidas de un 9,84%, los titulares que se encuentran en el tramo de 6010-12.000 euros. Son declaraciones de los ingresos tributarios que en su mayoría se encuentran en el umbral de la pobreza y la Carencia Material Severa.
Con esta radiografía de la situación actual y en previsión de que en un futuro próximo no hagan más que empeorar las condiciones, Más Madrid Compromiso con Getafe ve necesario establecer un plan a largo plazo que reconstruya la situación económica y social, evitando caer de nuevo en los factores que nos han llevado a este derrumbe.
[1]El indicador AROPE de riesgo de pobreza o exclusión social es un indicador agregado que combina tres conceptos: el Riesgo de Pobreza (60% de la mediana de los ingresos por unidad de consumo). Baja Intensidad en el Empleo (hogares en los que sus miembros en edad de trabajar lo hicieron menos del 20% del total de su potencial de trabajo durante el año de referencia). La Carencia Material Severa(con carencia en al menos cuatro conceptos de una lista de nueve).
[2] 1. No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año. 2. No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días. 3. No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada. 4. No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos (de 650 euros). 5. Ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal. 6. No puede permitirse disponer de un automóvil. 7. No puede permitirse disponer de teléfono. 8. No puede permitirse disponer de un televisor. 9. No puede permitirse disponer de una lavadora.
