El Pleno de Getafe se posiciona a favor de la Sanidad Universal ante el nuevo movimiento de la Comunidad de Madrid para expulsar del sistema sanitario a las personas migrantes que se encuentran en situación irregular porque atenta contra los derechos humanos, pero también contra la salud pública. Todos los grupos municipales han votado a favor, excepto Vox que ha votado en contra.
Por ello Más Madrid Compromiso con Getafe presentó esta proposición, a la que se sumó también Podemos, para que el Ayuntamiento de Getafe presente enmiendas al anteproyecto de la ley de mejora del Sistema Nacional de Salud para fortalecer los principios de equidad, cohesión y universalidad en el acceso a la sanidad pública y que agilice la inscripción en el padrón municipal para las personas que requieran asistencia sanitaria.
Igualmente, insta a la Comunidad de Madrid a que refuerce la atención primaria, que no segrege a la población según su procedencia o situación administrativa y que vuelvan a producirse situaciones similares a las que se están produciendo por las que se les están negando tratamientos contra el VIH o se ordene a los médicos del Hospital de Getafe a derivar a hospitales privados a las personas en situación administrativa irregular para «que abonen la atención» «u obligar a una mujer embarazada con una cesárea programada a que la pague previamente» con la amenaza de no poder realizarla si no lo hace, con los riesgos tanto para la madre como para el bebé, como ha apuntado el concejal de Más Madrid Compromiso con Getafe, Jesús Pérez, en el Pleno.
Estamos ante un problema de derechos humanos, pero también de salud pública
No debemos olvidar que la universalidad no es sólo una cuestión de justicia y derechos humanos, sino un elemento esencial para la eficacia del sistema sanitario. Una sanidad que priorice la prevención otorgando cobertura a toda la población, sin exclusiones, es una sanidad más eficiente y menos costosa –pues reduce el número de hospitalizaciones, minimiza los riesgos de salud pública, etc.– fortaleciendo en consecuencia el Sistema Nacional de Salud en beneficio de toda la sociedad. Por todo ello instamos a que:
- Se flexibilice la prueba de que la persona vive efectivamente en España, desvinculando esta del requisito del empadronamiento y aceptando la validez de alternativas eficaces a este requisito que ya se aplican en otras comunidades autónomas.
- Se reconozca sin ambages el derecho de las personas en situación irregular a obtener la tarjeta sanitaria desde el mismo momento que acrediten vivir en España.
- Se asegure el derecho a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos en todo caso y de forma incondicional a mujeres embarazadas, menores de edad, víctimas de trata y solicitantes de asilo, así como la atención en urgencias hasta el alta médica. Igualmente se asegure el derecho a personas con determinadas enfermedades que ya estaban recogidas en la normativa de 2012 (enfermedades mentales, enfermedades infectocotagiosas…).
- Se afirme el derecho a la atención sanitaria de las personas ascendientes que llegan a España fruto de un proceso de reagrupación familiar, en igualdad de condiciones al de las personas de nacionalidad española. (que vuelva a reconocerse como beneficiarios no solo cónyuge y/o pareja registrada e hijos menores de 26 años, sino también a ascendientes).
- Se reconozca el derecho a urgencias, con cargo a fondos públicos, sin facturaciones que provocan el miedo a acudir a ella o al médico ante esa facturación incluso con síntomas de COVID, por ejemplo. Lo cual se convierte en un problema de salud pública.
- Que cualquiera que la sea la situación por la que una persona no cumple los requisitos exigidos por la legislación, pueda flexibilizarse y conceder el derecho a la asistencia sanitaria previo informe de trabajador/ra social colegiada, en función de su situación socio-económica y de salud.
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